La Corte de Justicia de Salta ratificó este jueves, 12 de noviembre de 2026, la constitucionalidad de la Ley 8535, conocida como Ley de Participación Democrática, que modifica la forma de presentar candidaturas, listas y frentes electorales. El fallo, emitido en la antesala de la convocatoria a elecciones generales previstas para mayo de 2027, confirma que los cambios cumplen con el principio de elección directa establecido por la Constitución.
El tribunal desechó tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por distintos actores políticos: Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón; Alejandro Patrón Costas; y Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero. Cada acción cuestionaba, entre otros puntos, la exigencia de presentar candidaturas en al menos quince departamentos y la obligación de que los frentes electorales incluyan al menos dos partidos.
En su resolución, la Corte subrayó que la autonomía provincial permite a Salta establecer su propio régimen electoral, conforme a los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional y a los artículos 56 y 127 de la Constitución provincial. Asimismo, consideró razonables los requisitos territoriales y de composición de frentes, argumentando que garantizan representatividad y igualdad de trato.
Posibles recursos ante instancias superiores
Tras el pronunciamiento, Carlos Zapata, diputado nacional del bloque Libertad Avanza y presidente del partido Ahora Patria, manifestó que evaluará la posibilidad de interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, calificando el fallo de «arbitrario y desajustado al derecho». De manera similar, Alejandro Patrón Costas, presidente del Partido de la Reconquista, indicó que también estudia presentar un recurso ante la Corte Suprema.
La Corte de Justicia de Salta también confirmó la validez de los dispositivos de la reforma que introducen el voto electrónico, reforzando la modernización del proceso electoral provincial. Los jueces enfatizaron que la normativa no contraviene los principios constitucionales ni limita la competencia de ninguna fuerza política.
Con la decisión judicial, el marco legal para los comicios de 2027 queda definido, aunque los recursos que pudieran presentar los partidos mencionados podrían generar nuevas instancias de revisión antes de la convocatoria oficial. La provincia se mantiene a la espera del decreto que formalizará la fecha de las elecciones generales.