Imagen del edificio del Tribunal Electoral de Salta donde se publicó el decreto de convocatoria para las elecciones 2027

Las elecciones provinciales de Salta para 2027 se realizarán el domingo 16 de mayo, según informó el Tribunal Electoral a El Tribuno. El decreto de convocatoria será publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes, iniciando oficialmente la cuenta regresiva para el proceso electoral.

El calendario establece que el plazo para presentar frentes políticos vence el martes 16 de marzo, mientras que la campaña formal arranca el viernes 16 de abril. Estas elecciones se llevarán a cabo con voto electrónico y sin la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En la antesala del llamado, la Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad total de la reforma electoral aprobada por la Legislatura en abril y promulgada por el Ejecutivo en mayo mediante la Ley 8535, conocida como Ley de Participación Democrática.

Desafíos judiciales a la reforma electoral

La reforma fue objeto de tres acciones de inconstitucionalidad: una presentada por Carlos Zapata, presidente de Ahora Patria y diputado nacional, y Lourdes Ríos Ayllón, apoderada de La Libertad Avanza; otra por Alejandro Patrón Costas, presidente del Partido de la Reconquista; y una tercera por Claudio del Plá, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. La Corte de Salta rechazó todas las impugnaciones, aunque los afectados ya analizan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema.

Con la normativa vigente, los votantes salteños elegirán gobernador y vicegobernador, intendentes, concejales, diputados y senadores. En la Cámara de Diputados se renovarán 30 de las 60 bancas y en el Senado 11 de las 23.

La Ley 8535 elimina las PASO y permite que alianzas, frentes y partidos presenten hasta cuatro listas por categoría, salvo en la de distrito provincial, donde la lista será única. Además, se establece el recuento manual de todas las boletas impresas como respaldo del voto electrónico, con participación obligatoria de fiscales de todas las fuerzas políticas.

Otras disposiciones incluyen causales específicas de nulidad, criterios para validar votos en blanco, la incorporación de medidas del DNU 32/26 y la exigencia de exámenes toxicológicos obligatorios para altos funcionarios y candidatos.