Imagen del edificio de la Corte de Justicia de Salta, donde se realizó la sesión del Senado

En una sesión especial del Senado de Salta, se aprobó el pliego que propone a Sergio Fabián Vittar para continuar como magistrado de la Corte de Justicia provincial, a pesar de la objeción de un legislador que argumentó una incompatibilidad con la reforma constitucional de 2021.

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones emitió previamente un dictamen favorable a la postulación de Vittar, quien forma parte del máximo tribunal desde 2008. El senador Juan Curá resaltó que el proceso participativo contó con 2.625 adhesiones personales, 15 opiniones favorables y una observación fundada, la cual fue respondida por el candidato.

El único voto en contra provino del senador por Capital, Roque Cornejo, quien sostuvo que el artículo 156 de la Constitución provincial establece un mandato de diez años para los jueces y prohíbe su reelección. Según su interpretación, la permanencia de Vittar desde 2008 impediría un nuevo acuerdo.

Interpretaciones divergentes de la reforma de 2021

El senador Jorge Soto defendió una lectura distinta, recordando su participación en la Convención Constituyente de 2021. Argumentó que los mandatos vigentes al momento de la reforma no deben contarse como el primero bajo el nuevo régimen, y citó a los convencionales Pamela Calletti y Roberto Gramaglia como quienes expresaron ese criterio.

Curá, al solicitar la aprobación del pliego, recordó la trayectoria académica y profesional de Vittar: egresado de la Universidad Católica de Salta en 1987, formación en justicia constitucional y derechos humanos en la Universidad de Bolonia, y experiencia docente en la Escuela de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes. Según la comisión, cumple con los requisitos de idoneidad para el cargo.

El acuerdo quedó aprobado, mientras que el senador Cornejo no descartó la posibilidad de recurrir a la vía judicial, aunque no confirmó una acción concreta. La decisión mantiene a Vittar en la Corte, dejando abierta la discusión sobre la forma de computar los mandatos judiciales tras la reforma constitucional.