Edificio de la Corte de Justicia de Salta, sede donde se dictó la sentencia sobre la Ley de Participación Democrática

La Corte de Justicia de la provincia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley de Participación Democrática (Ley 8535), manteniendo vigentes los requisitos para presentar candidaturas a gobernador y vicegobernador, así como la obligación de que los frentes electorales integren al menos dos partidos.

El fallo, emitido el jueves 12 de noviembre de 2026, respondió a tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (expediente CJS 978.543/26), Claudio Ariel Del Plá (expediente CJS 978.978/26) y Alejandro Patrón Costas (expediente CJS 978.881/26). Los demandantes cuestionaban varios artículos de la norma, alegando que vulnerarían la Constitución provincial y la nacional.

Según la sentencia, la autonomía provincial para definir su régimen electoral está respaldada por los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, y por los artículos 56 y 127, inciso 16, de la Constitución de Salta, que delegan a la legislación la regulación del sistema electoral según las circunstancias políticas y sociales.

Requisitos de candidatura y composición de frentes

El tribunal consideró razonable el artículo 2 de la Ley 8535, que exige a las fuerzas políticas presentar candidaturas en al menos quince departamentos para postular al gobernador y al vicegobernador. La Corte explicó que esta condición garantiza una organización territorial adecuada, dado que el gobernador representa a toda la provincia.

Asimismo, se ratificó la obligación de que los frentes electorales estén conformados por un mínimo de dos partidos políticos. La decisión sostuvo que la medida promueve la representatividad y el principio de igualdad, al aplicar el mismo criterio a agrupaciones en situaciones equivalentes.

El máximo tribunal también analizó el mecanismo de asignación de cargos previsto en la ley y concluyó que respeta el principio de elección directa establecido por la Constitución de Salta, ya que la designación de candidatos proviene de la voluntad inmediata del electorado sin intermediarios.

Con la resolución, la Corte dejó claro que la determinación del sistema electoral corresponde a la Legislatura provincial, siempre que respete los límites constitucionales. No se anunció ninguna acción adicional ni plazo para posibles recursos.