La Corte de Justicia de Salta declaró constitucional la Ley 8535 de Participación Democrática, conocida como la nueva ley electoral provincial, tras rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los dirigentes libertarios Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón. La decisión, publicada antes de la convocatoria a las elecciones de 2027, mantiene vigentes los cambios introducidos en el sistema de votación.
El expediente fue presentado también por Claudio Del Plá, del Partido Obrero y Frente de Izquierda, y por Alejandro Patrón Costas, vinculado al Partido de la Reconquista. La Corte resolvió directamente el caso de Zapata y Ríos Ayllón y utilizó ese pronunciamiento como referencia para los demás, sin que ello implique una sentencia idéntica en cada uno de los procesos.
Entre los puntos más controvertidos estaba el artículo 5, que permite la acumulación de votos entre listas de un mismo frente. Los demandantes argumentaron que este mecanismo podría romper la correspondencia entre la voluntad del electorado y el resultado final, ya que un candidato podría resultar electo con menos votos individuales que otro, gracias a la suma de sufragios de distintas listas.
Fundamento constitucional y alcance del control judicial
En su fallo, la Corte recordó que la Constitución de Salta otorga a la provincia la autonomía para definir su régimen electoral y que la Legislatura posee la facultad de reglamentar las condiciones de elección. Citó además un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que las modificaciones al sistema electoral son decisiones políticas destinadas a legitimar a los elegidos.
El tribunal subrayó los límites de su propia intervención, indicando que el control judicial debe ejercer‑se sin invadir competencias exclusivas del Poder Legislativo. En palabras de la sentencia, “no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto con que ese mismo poder hace uso de facultades que le son propias y exclusivas”.
Con la sentencia, el gobernador Gustavo Sáenz anticipa la publicación del decreto correspondiente antes del 16 de noviembre, fecha límite del plazo electoral, mientras que la jornada electoral está prevista para el 16 de mayo de 2027.