El miércoles 12 de noviembre de 2026, trabajadores informales de la frontera, conocidos como bagayeros, bloquearon el paso de El Parador en Aguas Blancas, Salta, y se desencadenaron saqueos, corridas y enfrentamientos con efectivos de Infantería, lo que obligó a desplegar a más de 50 agentes policiales.
Los bagayeros, que tradicionalmente transportan mercancía entre Argentina y Bolivia, protestaron contra la presencia de empresas de logística que, según sus declaraciones, han reducido drásticamente sus oportunidades de trabajo. En respuesta, tomaron el control del cruce fronterizo y marcharon hacia el edificio municipal para solicitar una reunión con el interventor municipal, Adrián Zigarán, quien aceptó dialogar alrededor del mediodía.
Antes de iniciar el diálogo, la llegada de efectivos de Infantería al lugar elevó la tensión y la protesta pacífica pasó a un enfrentamiento. Durante los hechos, dos locales de empresas de encomiendas fueron asaltados; el comisario mayor Alfredo Santos informó que se sustrajeron aproximadamente 20 lonas de mercadería, un dispensador de agua, una impresora y una motocicleta, aunque la mayoría de los objetos fueron recuperados posteriormente.
Respuesta institucional y medidas adoptadas
Ante la escalada, la Policía de Salta, bajo la dirección de Walter Toledo, y el Director General de Seguridad, Darío Guzmán, se desplazaron a la municipalidad para participar en una reunión que también contó con autoridades de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. En el encuentro se acordó reorganizar la circulación en el Puesto 28 de la ruta nacional 50, concentrando sus funciones en el control del narcotráfico, y canalizar los tours de compras, colectivos interurbanos y envíos de encomiendas al escáner de Aduana del Área de Control Integrado.
El paso de El Parador permaneció bloqueado, lo que limitó el tránsito hacia Bermejo a la ruta nacional 50 y al control de Migraciones y Aduana. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad y de fomentar la canalización de las manifestaciones por vías institucionales, subrayando la necesidad de mantener la paz durante los reclamos.
El interventor municipal, Adrián Zigarán, había manifestado desde el martes que las empresas de logística debían ser evaluadas por su impacto en la actividad de los trabajadores informales, aunque no se detallaron decisiones concretas en la reunión. La situación sigue bajo vigilancia policial mientras se mantienen las negociaciones entre los distintos actores.