A nueve años del femicidio de Andrea Edith Neri, ocurrido el 5 de enero de 2017 en la cárcel de Villa Las Rosas, el caso continúa siendo una herida abierta para la sociedad salteña y un símbolo de la violencia extrema contra las mujeres, incluso dentro de espacios bajo custodia del Estado. El crimen, cometido durante una visita íntima y con un antecedente idéntico protagonizado por el mismo agresor, dejó al descubierto graves fallas en los protocolos penitenciarios y en los mecanismos de prevención.
Andrea tenía 18 años y era madre de un bebé de apenas dos meses, hijo de su pareja Gabriel Roberto “Chirete” Herrera, quien se encontraba detenido en el penal. Ese 5 de enero, alrededor de las 14, la joven ingresó al establecimiento junto al niño y fue autorizada a dirigirse a la celda 372 del pabellón E, ubicada en el tercer piso. Solo 37 minutos después, Herrera salió del lugar con el bebé en brazos y confesó el crimen ante el personal penitenciario.
El cuerpo de Andrea fue hallado recostado contra una pared, cerca de la puerta de la celda. La autopsia determinó que murió a causa de un shock hipovolémico provocado por una abundante pérdida de sangre tras recibir al menos 36 puñaladas en el cuello. Además, presentaba golpes en el rostro y claros signos de violencia extrema. El arma utilizada fue una gubia, una herramienta de carpintería que circulaba dentro del penal, circunstancia que quedó acreditada durante el juicio.
La investigación también reveló que un interno del pabellón E presenció cómo Herrera atacaba a Andrea en el baño y luego la arrastraba hasta la celda. El detenido dio aviso a un guardia, pero no hubo intervención alguna. Ese testimonio resultó clave para exponer la cadena de omisiones que permitió que el femicidio se consumara sin ninguna respuesta estatal.
El caso adquirió una gravedad aún mayor al confirmarse que Herrera ya había cometido otro femicidio en contexto de encierro. En marzo de 2006 asesinó a su entonces pareja, Verónica Soledad Castro, durante una visita íntima en la Unidad Penitenciaria de Metán. Pese a ese antecedente y a que en diciembre de 2015 se había prohibido el ingreso de Andrea al penal, las visitas privadas fueron nuevamente autorizadas en 2016, una decisión que terminó siendo fatal.
La causa fue investigada por la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas 1. El 5 de abril de 2018, el Tribunal de Juicio Sala VI condenó a Gabriel “Chirete” Herrera a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.
En el mismo fallo, el celador Nelson Cardozo fue condenado a cinco años de prisión por abandono de persona seguido de muerte. Otros cuatro funcionarios penitenciarios recibieron penas de multa e inhabilitación especial por un año por omisión de deberes.
El 18 de octubre de 2022, la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos de casación y dejó firme la condena contra Herrera y Cardozo. En esa instancia, los cuatro funcionarios penitenciarios fueron absueltos.
Durante el proceso judicial, el psiquiatra Walter Rodolfo Salaberry analizó la conducta del agresor y descartó que hubiera actuado bajo emoción violenta. “No se dio esa figura, porque fue un acto calculado”, afirmó el profesional, confirmando la premeditación y la alevosía con las que se consumó el crimen.